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PIDE CONGRESO AL AYUNTAMIENTO RESUELVA CON ACCIONES LEGALES IRREGULARIDADES EN GOBIERNO DE MAURICIO TREJO

San Miguel de Allende, Gto.- El Congreso del Estado de Guanajuato informa al pleno del ayuntamiento de San Miguel de Allende los resultados de la auditoría al gobierno municipal en el ejercicio fiscal 2013-2014 y mandata resuelvan 55 denuncias administrativas, 26 demandas civiles y 16 denuncias penales en contra de funcionarios públicos; en suma con las más de 20 que ya se interpusieron.

Ante el pleno Villarreal García dijo: “Yo instruyo a la Contraloría Municipal, a la Secretaría de Ayuntamiento, como a la Dirección Jurídica haga caso de estas observaciones y busquemos recuperar estos recursos que fueron distraídos en el gobierno pasado; ya las habíamos detectado (…) e interpusimos las denuncias penales”.

CONTEXTO

 A ello, cabe recordar que el 20 de febrero, el Presidente Municipal hizo público el primer paquete de 9 denuncias penales en contra de quienes resultaran responsables, personas físicas y/o morales (estarían involucrados servidores públicos del gabinete legal y ampliado de la gestión 2012-2015).

Entonces, Villarreal García advirtió que en suma, al menos eran unas 70 las denuncias por un daño al erario público hasta por 80 millones de pesos. Esto, respaldado en documentación pública, resultado de la investigación que inició la Contraloría Municipal, y que por Ley sigue y dictamina la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG).

El primero de abril, entró otro paquete de denuncias: Por presunto tráfico de influencias, fraude y hasta por peculado; en este caso estarían involucrados servidores de primer nivel y operativos de la gestión de Mauricio Trejo Pureco.

Hasta este momento, dijo el Presidente Villarreal, “suman más de 20 las que ya hemos presentado”.

EL PROCESO

Según el dictamen de la ASEG y que aprobó el Congreso del Estado son 55 denuncias administrativas, 26 demandas civiles y 16 denuncias penales; un total de 97 dictámenes en los que, “se ejerzan las acciones civiles que procedan ante la autoridad competente y se proceda al fincamiento de las responsabilidades administrativas a que haya lugar”, dice el documento en la orden del día de la Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento.

Y sobre las penales, tanto las 16 señaladas como las interpuestas por el municipio, el Presidente Villarreal hizo un exhorto: “A la Auditoría –Superior del Estado de Guanajuato- presente las denuncias; que la Procuraduría –General de Justicia del Estado- de manera expedita pueda terminar la investigación de las denuncias que ya presentó el gobierno municipal y proceda a vincular penalmente a quien llevó estas acciones, son decenas de funcionarios (…) se trata de un dictamen que se realizó seria y profesionalmente”.

Son al menos 20 funcionarios involucrados como: Secretario de Ayuntamiento, Secretario Particular, Tesorero Municipal, Director de Contabilidad y Presupuesto, Oficial Mayor Administrativo, Director de Tránsito y Transporte Municipal, Jefe de Recursos Humanos, Agentes de tránsito, Jefe de Informática, Coordinadora de Salud, Coordinadores generales de área jurídica, Director de Contabilidad y Presupuesto, Jefa del departamento de egresos, Director de Desarrollo Social y humano, encargado del taller mecánico, Coordinadores de Oficialía Mayor, Director de Obra Pública, Subdirector Operativo de Obra Pública, Director de Servicio Públicos, supervisores residentes de obra, Director de Desarrollo Urbano, y otros servidores públicos “que incurrieron en la deficiencias e irregularidades y/o participado en los hechos”.

Ricardo Villarreal precisó que “no hay vuelta de hoja; inicia un proceso jurídico, un trabajo importante en el que llegaremos hasta las últimas instancias en lo que toca a lo civil y administrativo; en lo penal toca a la Procuraduría”. En ello, de acuerdo a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato, en su artículo 23 marca como sanciones desde amonestación hasta inhabilitación como funcionarios.

El Presidente finalizó: “Este no debe ser un tema político, sino debe de ser un tema de justicia para todos los ciudadanos de San Miguel de Allende”.

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